A raíz de la crisis financiera global, un gran número de
bancos considerados “too big to fail” (demasiado grandes para caer en
bancarrota) han sido rescatados. En España fueron varios, entre ellas Caixa
Catalunya, Unnim, la CAM o Bankia. Esto ha supuesto un desembolso de dinero
público sin precedentes, que a falta de un protocolo de actuación en caso de
fallida bancaria, se ha ido haciendo a salto de mata, tomando las decisiones
políticas ad hoc a medida que acontencían los problemas.
Esta manera de actuar, además de poco previsora e
ineficiente, ha sido sumamente anti-democrática: con toda la carga asumida por
los deudores y con los contribuyentes obligados a rescatar a sus bancos
nacionales, sin rechistar y advertidos de que no había alternativa, a costa de
sus servicios públicos y en el caso de España, al mismo tiempo que esos mismos
bancos orquestaban una sangría brutal a la ciudadanía en el mercado de
vivienda. Desde 2012, la Comisión Europea
está desarrollando la propuesta de
crear una Unión Bancaria Europea, para desarrollar mecanismos que estipulen qué
hacer en casos de fallida bancaria.
¿En qué consiste esta Unión Bancaria y qué se pretende con
ella? Viviendo en Bruselas he podido seguir de cerca el debate sobre el tema.
Si se es capaz de sobrevivir a ciertas declaraciones neoliberales indigestas,
es interesante saber qué piensa y propone el mainstream económico acerca de estos temas.
Cabe decir que, a pesar del triunfalismo que les caracteriza, la realidad es
cada vez más difícil de esquivar. En contraste con una conferencia de Mario
Draghi a la que asistí hará cosa de un año, donde habló como si la crisis ya
hubiera acabado y sin reparar en los errores cometidos ni atacar la injusta
redistribución de los costes, últimamente el diagnóstico es más sólido: la
crisis no ha terminado, el nivel de desempleo sigue siendo grave, con la
actividad industrial y económica aún sin alcanzar niveles pre-crisis, la deuda
aún no está estabilizada y estamos en riesgo de deflación.
Es más, los problemas subyacentes que han contribuido a la
situación actual persisten. En la Unión Europea el sistema financiero está
fraccionado y el mandato del Banco Central Europeo no incluye ser el
prestamista de último recurso de las entidades financieras o prestar
directamente a los Estados. Es decir, que si vuelve a haber una fallida bancaria,
no tenemos un mecanismo europeo para solucionarlo. Estas características configuran una nefasta estructura de incentivos.
En lo que se refiere al fraccionamiento, significa que los
activos bancarios están diversificados por los distintos países europeos, y no
hay canales de intermediación financiera institucional no relacionados con los
bancos. Los bancos europeos son corporaciones internacionales que operan bajo
28 sistemas de regulación distintos, con sus subsidiarias legalmente separadas
entre sí, de manera que no se les puede someter a una responsabilidad global.
Si ING en España entra en bancarrota, el ING belga no tiene ninguna
responsabilidad de acudir a rescatarlo, a pesar de que ambos son propiedad de
las mismas personas.
Por otro lado, el hecho de no ser el Banco Central Europeo el
prestamista de último recurso permite trasladar la vulnerabilidad financiera de
los bancos a los Estados sin que haya una red de seguridad que los ampare.
Existe una especie de acuerdo tácito según el cuál el BCE intervendrá para
salvar la economía; pero esto no forma parte de su mandato, ni está escrito en
ningún lado cuándo y cómo debe hacerlo, de manera que no se pueden fiscalizar
las responsabilidades de cada cuál ex-post.
Esta situación hace que el riesgo económico no haya
desaparecido, y a pesar de que se ha conseguido estabilizar mínimamente el
mercado de la deuda, hace falta el mínimo problema para que el pánico se desate
otra vez. Para poner un ejemplo: cuando el pánico bancario se desató en Chipre,
todos los mercados de deuda europeos se resintieron. Sin embargo, la economía
de Chipre tiene un volumen de 20.000 millones de euros, menos del 0,2% del PIB
de la Zona Euro. Algo falla cuando un problema tan pequeño se transmite
rápidamente y se convierte en un problema mucho mayor.
La Unión Bancaria se supone que pretende atacar
estos problemas. La cuestión es romper el nexo entre el sistema bancario de un
Estado y su deuda pública. En caso de fallida bancaria, cómo evitar que se
traslade al sector público. Desde que se desató la crisis financiera en 2007,
hasta 2009, hubo una primera fase donde el principal problema eran las
bancarrotas bancarias, con el sector incapaz de hacer frente a sus obligaciones
y pagar sus deudas: el grifo del dinero, altamente líquido en la burbuja
financiera hasta 2006, se secó de golpe. Esto se llama una trampa de liquidez.
Los bancos, recelosos los unos de los otros, dejaron de prestarse entre sí; no
se movía ni un euro en el mercado interbancario europeo.
[Pequeño paréntesis en el relato: ahí es cuando
se fraguó el fraude con muchas hipotecas que estaban indexadas al Líbor o al
Euríbor, los tipos de interés del mercado interbancario, porque nadie se
prestaba dinero, y por tanto este no tenía precio. Así, los bancos pactaron una
tasa de interés, a lo cártel, para seguir cobrando sus préstamos.]
A partir de 2009 empezaron los rescates, y desde
2010-2011 el problema se ha trasladado al sector público, ya que el Estado, al
tener que asumir las deudas bancarias, vio como la propia deuda pública sobre
el PIB se disparaba. Por ejemplo: España
se ha dejado casi 60.000 millones de euros en inyecciones directas y casi un
40% del PIB en esta y otros tipos de ayuda.
El incremento de la deuda pública, sumada a las
débiles condiciones macroeconómicas de los Estados, sumidos en crisis, y con el
espiral de recesión acentuado por las políticas de austeridad, hacía peligrar
la confianza en su capacidad de pago. Los famosos “mercados” de capitales,
pedían cada vez más y más intereses a cambio de confiar e invertir en bonos del
Estado. Muchos de estos inversores privados que han comprado deuda pública han
sido asimismo entidades financieras, y con la desconfianza en la deuda del
Estado trasladándose a una pérdida de solidez de sus acreedores, el problema
puede volver a repetirse infinitamente. Esto se ha venido a llamar “Loop
Diabólico”, y es un mecanismo de contagio clave de problemas económicos
dentro de la Zona Euro.
La Comisión Europea está llevando a cabo una propuesta de Unión Bancaria
sin el suficiente debate político ni académico que lo acompañe, sobretodo
públicamente. Esencialmente, para evitar que los Estados se hagan
cargo de sus sistemas financieros fallidos hace falta desarrollar un Fondo de
rescate bancario (lo que fue el FMI para Bretton Woods). Y para evitar los
ataques especulativos contra la deuda pública, y repartir mejor sus costes
entre deudores y acreedores, hace falta reestructurar y mutualizar de la deuda
pública, por lo menos, en la zona Euro.
Tampoco se están abordando otros problemas de fondo. Por ejemplo:
¿En qué punto está el debate sobre la deuda en Europa? ¿Hay demasiada? ¿Cómo
hacemos para reducirla? Si los bancos, las empresas y las familias, que están
excesivamente endeudados, sólo piensan en reducir su deuda en el corto plazo,
¿cómo vamos a estimular la economía para salir de la recesión? ¿Cómo reducimos
los incentivos bancarios a tener comportamientos de riesgo? ¿Por qué nadie está
hablando, salvo honrosas excepciones,
de separar la banca comercial de la banca de inversión? Hay que tener en cuenta
que el sector financiero supone alrededor de 4 veces el PIB de la Zona Euro;
urge tener un debate serio sobre estas cuestiones.
Da la sensación de que los cabezas de Estado europeos tienen miedo
a que Europa entre en una especie de estancamiento secular a la Japonesa, y
buscan estimular el sector financiero a corto plazo para que vuelva a haber
crecimiento y salvarse en sus próximas citas electorales. Pero estimulando el
sector financiero sin cambios estructurales en la estructura productiva de la
economía real, sólo se crean más burbujas.
Por otro lado, las propuestas de más integración
para desarrollar mecanismos de solidaridad son rechazadas frontalmente por unaAlemania cuyas clases populares han visto su calidad de vida disminuir. Angela
Merkel crece en popularidad entre su electorado cuando dice que la ciudadanía
alemana ya ha sido suficientemente solidaria con Europa, mientras obvía que la oligarquía
alemana ha sido la más beneficiada del Euro. Por otro lado, cambiar el mandato
del BCE y establecer mecanismos de estímulo fiscal requiere un cambio de
tratados, que seguramente no sería muy bien acogida por parte de la ciudadanía
europea en un momento de máximo desprestigio de las Instituciones Europeas y
con la actual correlación de fuerzas.
Pero merece la pena intentarlo. De todos modos,
ya se están haciendo grandes desembolsos de dinero público a la carta,
decididos en despachos cerrados, en un contexto de competición multilateral
entre los Estados y presentados al público como si no hubiera alternativa. Y
como hay vacío legal al respecto, nadie deberá rendir cuentas de lo se está haciendo. Desde mi punto de vista, debemos dotarnos de unas normativas
europeas que pongan la solidaridad y la convergencia en los niveles económicos
en el centro de la recuperación: el interés colectivo de toda la ciudadanía europea por encima de los intereses del sector financiero y de los ejecutivos que
gobiernan en su nombre.
*La foto está prestada de la portada del informe anual de Finance Watch de 2013.